Pronunciamiento de solidaridad con científicos y ambientalistas de Costa Rica demandados por industrias Infinito S,A.

Departamento: 
Internacional

Nosotros(as), representantes del Centro Humboldt, tenemos a bien pronunciarnos EN SOLIDARIDAD con los científicos y ambientalistas de Costa Rica que se oponen al Proyecto de Explotación Minera a cielo abierto “Crucitas”.

CONSIDERANDO QUE: I- El 24 de noviembre de 2010 el Tribunal Contencioso Administrativo ordenó dejar sin efecto la concesión minera de Industrias Infinito S.A. que permitiría la extracción aurífera a cielo abierto “Crucitas”, ubicada en Cutris, San Carlos, provincia de Alajuela, a escasos 5 km de la ribera sur del Río San Juan de Nicaragua; y el 30 de Noviembre de 2011, la Sala I de la Corte Suprema de Justicia confirmó, por unanimidad, la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en contra de Industrias Infinito S.A., dejando sin efecto la concesión para el desarrollo del Proyecto Crucitas y ordenando  pagar una indemnización por daño ambiental.

II - El proyecto minero Crucitas conllevaba a una serie de afectaciones al recurso hídrico, bosque y suelo, así como a las poblaciones circundantes al río San Juan, dado los eventuales procesos de sedimentación y contaminación que incidirían negativamente en los ecosistemas y biodiversidad autóctona de la Reserva Biológica Indio-Maíz en Nicaragua, y Agua y Paz en Costa Rica, así como en la calidad de las aguas del río y sus tributarios, la navegación, la calidad paisajística y el potencial eco-turístico de ésta zona.

III -El día 21 de Julio de 2011 Industrias Infinito S.A. presentó ante los Tribunales Penales de San José, denuncia por difamación de persona jurídica y por otros hechos: al abogado Edgardo Araya; a los legisladores del Partido Acción Ciudadana (PAC), Manrique Oviedo y Claudio Monge, defensores de las acciones contra la minería metálica; y el pasado 29 de Noviembre, se ha demandado por difamación al especialista en derecho internacional Nicolás Boeglin, y el biólogo Jorge Lobo; ambos profesores de la Universidad de Costa Rica (UCR) por haber brindado supuestas declaraciones difamatorias en un documental contra la mina.

IV- Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica en relación al derecho a la libertad de expresión, se considera en su Artículo 13.- Libertad de Pensamiento y de Expresión, y se cita literalmente que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”

POR TANTO,

  1. Compartimos la alegría y satisfacción del triunfo por la lucha en contra del Proyecto Minero Crucitas, por la cual hemos compartido esfuerzos con diversas organizaciones, movimientos ambientalistas y comunitarios(as) tanto de Costa Rica como de Nicaragua, alcanzando finalmente, la anulación de la concesión “Crucitas” y la exigencia del pago de indemnización por los daños ambientales ocasionados por Industrias Infinito S.A.

  2. Nos solidarizamos con el compañero, abogado Edgardo Araya, los legisladores Manrique Oviedo y Claudio Monge, quienes fueran acusados de difamación por Industrias Infinito S.A., así como con los académicos Nicolás Boeglin, experto en derecho internacional, y el biólogo Jorge Lobo, quienes de igual forma fueron demandados por difamación, por el único hecho de ejercer su derecho de libertad de expresión, generando opiniones técnicas y objetivas sobre el Proyecto Crucitas según sus respectivas especializaciones.

  3. Exhortamos al Gobierno de Costa Rica a que, en los casos de demandas por difamación interpuestas por Industrias Infinito S.A., se respete el derecho fundamental y humano de libertad de pensamiento y expresión contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Sobre todo, a que considere la realidad de los actuales acontecimientos del caso, en la que se demuestra la ilegalidad de los términos en los que procede comúnmente Industrias Infinito S.A.

  4. Instamos a las instituciones pertinentes del Gobierno de Costa Rica, a hacer efectivas las medidas contempladas en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia y a anular por completo el estudio de la acción de inconstitucionalidad presentada por Industrias Infinito ante la Sala IV que pedía frenar el proceso contencioso administrativo al que ya dio sentencia la Corte Suprema de Justicia.

  5. Exhortamos al Gobierno de Nicaragua, a mantener su atención hacia el caso que atañe e involucra la protección de la Cuenca del Río San Juan, a que este al tanto del curso de acción del Estado de Costa Rica según lo establecido en la sentencia de la Sala I de la Corte, en caso de cualquier irregularidad en el cumplimiento de dicha sentencia que pueda incurrir en posibles violaciones al derecho internacional ambiental, que comprometan la soberanía del país, y el derecho comunitario a habitar en un ambiente saludable.

Dado en la ciudad de Managua, a los 30 días del mes de noviembre del 2011.