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Ambiente, clima y COVID-19 en Nicaragua

En el Día Mundial del Medio Ambiente realizamos el conversatorio “Ambiente, clima y COVID-19”, a través de un Facebook Live. De conformidad a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la crisis sociopolítica 2018 y la crisis sanitaria 2020, pueden generar uno de los peores escenarios a nivel nacional donde la pobreza alcanzará el 53% de la población nicaragüense, de estos el 22% será de pobreza extrema.

El incremento en los niveles de pobreza, la crisis sociopolítica, económica y la crisis sanitaria están profundizando el deterioro de las condiciones ambientales del país y la inseguridad alimentaria de la población. Entre los principales factores que contribuyen a la crisis ambiental se encuentra la falta de institucionalidad pública, el debilitamiento del Marco Legal Ambiental y la fata de voluntad política para una gestión sostenible del medio ambiente. Los niveles de represión y criminalización de las protestas, impiden la movilización social en defensa de los bienes comunes.

Al respecto del tema ambiente, nuestro Coordinador del Área de Recursos Naturales, Javier Mejía expresó que existe una reducción de más de 1,300,000 hectáreas de bosques, una parte importante de estas pertenecen a áreas protegidas. Entre 2011 y 2018, se produjo un incremento de las áreas de pasto de aproximadamente 1,500,000 hectáreas.

Además, se aprobaron 5 permisos ambientales para la explotación minera industrial. Se incrementó la pequeña minería y minería artesanal, con uso de mercurio, al menos, 50 municipios del país se encuentran con niveles de contaminación con este químico, entre un nivel medio a alto. A esto hay que sumar el problema de escasez y calidad del agua en el corredor seco y zonas de transición. También, aumentó la degradación de suelos, producto de malas prácticas agrícolas, por ejemplo, tolvaneras en áreas de monocultivos como la Costa Caribe, Las Segovia, Managua o León.

Respecto a clima, nuestro Director Ejecutivo, Víctor Campos, explicó que se han profundizado los efectos del Cambio Climático en el país, en algunos puntos hemos identificado incrementos anuales de temperatura mayores a 2°C. Asimismo, ha aumentado la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos tradicionales y emergentes como trombas, mar de fondo, tormentas eléctricas y vientos intensos. Otro aspecto a tomar en cuenta es la gran cantidad de quemas agrícolas e incendios forestales, solamente entre enero y abril 2020, se reportaron un promedio de 15,558 puntos de calor, 40% de ellos en áreas protegidas.

Referente a las precipitaciones, se ha incrementado la variabilidad climática, una muestra de ello es que durante tres años consecutivos Nicaragua ha registrado lluvias intensas al inicio del periodo de invierno. Además, con los recientes incidentes climáticos se han presentado: inundaciones súbitas en Centroamérica, comparables con el “Huracán Mitch” de 1998; inundaciones súbitas en las ciudades de Estelí, Bluefields, Río Blanco y Managua; e incremento de sitios críticos en la capital de Nicaragua.

Sobre la Gestión Pública del Medio ambiente indicaron que el accionar de las instituciones como el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), el Instituto Nacional Forestal (INAFOR) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) están en el punto más bajo de la gestión pública del país. En el 2020 se encuentra la menor asignación presupuestaria en la historia contemporánea del país, para el medio ambiente y los recursos naturales. Por ejemplo, el MARENA está siendo utilizado para la promoción turística, el reconocimiento simbólico de áreas silvestres privadas y parques ecológicos municipales.

También persiste el caos en el sector forestal: falta de seguimiento en los Planes de Manejo y falta de transparencia en la gestión pública. Desde junio 2019 la Asamblea Nacional no ha aprobado ninguna norma referida al sector ambiente, la última aprobada por el Poder Ejecutivo, fue el 12 de enero 2019, estableciendo la suspensión de la Veda del Pino, Cedro Real y Pochote. La Gestión Ambiental Pública, ha estado atenta a facilitar los trámites ambientales de las actividades extractivas, pero no se han presentado ningún caso por delitos ambientales.

En el contexto actual del COVID-19, existe pasividad del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED) ante la presencia de eventos generadores de desastres. En la región somos el único sistema de protección civil sin ningún nivel de activación ante la emergencia sanitaria y fenómenos de temporada y Nicaragua es el único país centroamericano sin decretar un estado de alerta sanitario o un estado de emergencia.

Al contrario, las instituciones del gobierno han promovido actividades públicas, elevando el nivel de contagio, exponiendo a servidores públicos y población en general. Además, el Ministerio de Salud (MINSA) ha manejado ineficientemente la emergencia sanitaria. Existe utilización de la emergencia en la gestión internacional de fondos.

En las proyecciones actuales de la curva de contagio, la cúspide se estima en agosto 2020 y su comportamiento se encontrará influenciada por las decisiones para el manejo de la misma y los fenómenos de temporada. La curva proyectada en la actualidad, podría convertir a Nicaragua en el centro de la pandemia a nivel regional, lo que podría profundizar la crisis sociopolítica del país.

Por lo tanto, se recomienda el establecimiento de un Plan Estratégico para la gestión integral de la pandemia de conformidad a los compromisos internacionales y regionales. Sumar acción colectiva de los diferentes actores de la sociedad, para la gestión adecuada a la crisis como gobiernos municipales, gremio, expresiones territoriales, asociaciones civiles, cooperativas, agrupaciones confesionales, entre otros.

También, se debe extremar las medidas de protección, distanciamiento e higiene, desde el enfoque de autocuido personal, familiar y colectivo. Por último, tomar la emergencia compleja como una oportunidad de reiniciar desde una perspectiva hacía la sostenibilidad ambiental, social, económica y política, en plena vigencia y protección de los derechos humanos.

junio 5, 2020

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