Diagnóstico presenta debilidades legales y de transparencia

Existen vacíos en los procedimientos, aplicación de las leyes y sanciones por el incumplimiento de la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la transparencia en las leyes de petróleo y minería. Así lo determina el “Diagnóstico y propuestas para mejorar la transparencia y rendición de cuentas en las industrias extractivas en Nicaragua”, que pretende mostrar la realidad existente en los distintos territorios en aspectos socio-económicos y ambientales.

El estudio describe el marco jurídico e institucional de las industrias extractivas y analiza las leyes referidas a la explotación y exploración de hidrocarburos y minas. Se realizó bajo una metodología que incluyó entrevistas, grupos focales en Bluefields y se trabajó conjuntamente con los Gobiernos territoriales de Laguna de Perlas y Rama-Kreole, Camoapa y sus comunidades Tesorero y Mombacho, Bonanza (Aguas Claras, Vesubio y El Bosque) y Puerto Cabezas en las comunidades de Krukira, Hallover, Pájara, Layasiksa y Kukalaya.

Este esfuerzo generó propuestas para fortalecer el marco regulatorio de las industrias extractivas, la gestión pública y el acceso a la información de la ciudadanía e instituciones locales.

Entre los principales hallazgos se destaca que para promover la transparencia y el establecimiento de contratos de exploración y explotación de petróleo, se debe convocar a procesos de licitación pública que favorezcan la competencia justa entre distintas empresas, y que la información sobre aspectos ambientales debe ser de carácter público.

Según Tania Sosa, oficial de incidencia en industrias de Centro Humboldt, “el tema de transparencia va mas allá de que si las empresas rinden o no cuentas o hablan lo que realmente van a hacer, sino también de que la población participe en los procesos de consulta, conozca los resultados de los estudios de impacto ambiental, que deben hacer previo a la ejecución de los proyectos, y que se deben tomar en cuenta, y que también deben ser respetadas las opiniones de los comunitarios, por las empresas, cuando quieren entrar a sus territorios”.

Cabe señalar que el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH), tiene como meta el incremento de inversiones en el sector minero, lo que pone en riesgo al ambiente y la salud de las comunidades, por consiguiente, “existe una apertura flexible a la inversión extranjera que le facilita al inversionista los procedimientos concesionarios y terminan siendo de mayor beneficio para las empresas, que para la población y el ambiente del país”, dijo Sosa.

Para Víctor Campos, sub director de Centro Humboldt, existe un incremento de la minería a cielo abierto lo que tiene repercusiones ambientales importantes. Un ejemplo de esto es el aumento del precio internacional del oro, que conllevó al incremento de las áreas concesionadas en el país y de los problemas ambientales y la conflictividad social.

El diagnóstico presentó algunas recomendaciones referidas con el aumento del presupuesto al SERENA Regional, para monitorear y dar seguimiento al cumplimiento de las regulaciones medioambientales relativas a las operaciones de las empresas petroleras. Y que en el Registro Central de Hidrocarburos no se limite el acceso a la información al público al imponer cobro por la obtención”, dijo Campos.

Asimismo, se debe ampliar el plazo estipulado para otorgar por medio de Acuerdo Ministerial la concesión minera solicitada tanto para el Atlántico como para el Pacífico y Centro del País.

Además, se requiere mejorar la transparencia en la Administración del Fondo de Desarrollo Minero con la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el comité regulador. Por consiguiente, es necesario y urgente que a nivel de Gobierno Central, Regional, Municipal y Territorial, se promueva el acceso a la información sobre la minería y petróleo para que la población tenga mayor conocimiento.

Este diagnóstico fue elaborado en el marco del proyecto “Transparencia y rendición de cuentas en industrias extractivas” ejecutado por Centro Humboldt y financiado por el Fondo Común de apoyo a la sociedad civil para la Gobernabilidad Democrática en Nicaragua (FGD).

noviembre 12, 2013

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