Exploraciones y explotaciones petroleras amenazan condiciones ambientales en el Caribe nicaragüense

El potencial hallazgo de encontrar petróleo en cantidades explotables comercialmente ha despertado expectativas económicas no realistas. El marco regulatorio para la explotación de concesiones petroleras adjudica de manera automática los derechos a la explotación de los reservorios encontrados por la empresa concesionaria, aunque en principio los recursos naturales son patrimonio del Estado se le da carácter de exclusividad de aprovechamiento a la empresa, por lo tanto, lo que podría recibir el país será un pequeño cánon, algunos ingresos fiscales y repercusiones ambientales negativas importantes y desproporcionadas a los “beneficios” que se pudieran recibir.

De conformidad con el Artículo 22 y 23, de la Ley Especial de Exploración y Explotación de Hidrocarburos (Ley 286): “Las modalidades contractuales otorgan a los contratistas el derecho exclusivo de explorar, explotar, almacenar, transportar, vender localmente o exportar libremente los hidrocarburos que fueren de su propiedad conforme a las especificaciones del respectivo contrato… el plazo de duración de éste será de treinta (30) años, a partir de la fecha de suscripción del contrato”.

Centro Humboldt manifiesta ante la opinión pública nacional e internacional que el inicio de los trabajos de perforación de hidrocarburos por parte de la empresa Noble Energy bajo concesiones otorgadas desde abril 2008, constituyen una amenaza importante a las condiciones ambientales en la plataforma continental del Caribe nicaragüense.

Noble Energy, empresa dueña de dos concesiones que abarcan 8 mil kilómetros cuadros en el Caribe nicaragüense y una de las más grandes de Estados Unidos, es responsable de la mayoría de los derrames por hidrocarburos en el estado de Colorado, de acuerdo con el registro de la Comisión de Gas y Petróleo para la Conservación de Colorado (COGCC). Durante el año 2013, en esta zona la empresa es la responsable del 35 % de los derrames de hidrocarburos y, por lo tanto, de la contaminación de aguas superficiales y subterráneas.

Nuestra organización manifiesta su preocupación ante el marco jurídico vigente para la exploración y explotación de hidrocarburos, así como la poca capacidad técnica nacional para la valoración ambiental y seguimiento de las explotaciones petroleras. Por consiguiente, es necesario una reforma a Ley 286 y su reglamento, promover el desarrollo de las capacidades técnicas nacionales y así evitar la ocurrencia de derrames como el ocurrido en el Golfo de México bajo la responsabilidad de la empresa British Petroleum (BP).

Managua 16 de agosto de 2013.

Infografía: El Nuevo DIario.

agosto 20, 2013

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