La ley, el proyecto, la imposición: El canal de Nicaragua

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la “Ley de Concesión del Gran Canal”, para construir un canal interoceánico, sin contar con los estudios de prefactibilidad, factibilidad y de impacto ambiental necesarios para tomar semejante decisión. Desde entonces el debate nacional no cesa, por las denuncias a las violaciones al marco jurídico que contiene la ley y el secretismo sobre el origen y fuentes del capital de unos 40,000 millones de dólares que supuestamente se invertirán para construir este megaproyecto, que además de conectar el mar Caribe con el Océano Pacifico, implica: una vía terrestre, un oleoducto, aeropuertos, puertos de aguas profundas y zonas francas.La peor de todas las ilegalidades contenidas en esta Ley, es la entrega del territorio nacional sin reservas, incluyendo el lago de Nicaragua, ya que se otorgó la concesión sin haber definido la ruta específica del Canal previamente.El inversionista chino Wang Jing, dueño de la concesión, dice ser inmensamente rico, pero ni los medios de comunicación de su país conocen el origen de fortuna. Aparentemente a Jing lo une una estrecha amistad con uno de los hijos del presidente de Nicaragua, el tenor Laureno Ortega, quien le ha acompañado en sus más recientes comparecencias en el país.En los territorios que se han seleccionado como parte de la ruta del canal, ya se han iniciado los censos por parte de grupos conformados por representantes de instituciones nacionales, supuestos representantes de instituciones académicas de China y miembros de la policía y el ejército que van fuertemente armados, lo que ha causado el temor entre los habitantes de estas comunidades rurales. Sin embargo, en algunas zonas del Departamento de Rivas, los pobladores ya han marchado en protesta porque dicen no querer salir de sus tierras, aunque se les pague por ellas.Ante este escenario, personalidades de la vida pública nacional ya han alzado sus voces. El propio asesor ambiental presidencial, Dr. Jaime Incer Barquero, se opone a la construcción del canal por la dudosa elaboración de los estudios de impacto ambiental y las denuncias de las afectaciones que tendrían extensas áreas protegidas y los lagos del país. El escritor Sergio Ramírez también se ha pronunciado negativamente por la dudosa procedencia del principal inversionista y las implicaciones al medio ambiente que este proyecto trae consigo. La escritora Gioconda Belli, ha abogado para que el tema del canal se trate con transparencia y con el consenso civil.Ante la avalancha de publicidad gubernamental, pero poca información consistente sobre este proyecto, la sociedad civil está implementando actividades para informar a la población sobre las contradicciones sociales, jurídicas y ambientales del canal. El Centro Humboldt, organización no gubernamental dedicada al desarrollo territorial y gestión ambiental, ha comenzado a organizar foros en municipios que se verían afectados por la construcción del canal. Por otra parte, a inicios de agosto se realizó “El Primer Diálogo de Juventudes ante los Desafíos del Gran Canal”, en el que participaron diferentes organizaciones que agrupan a jóvenes de todo el país, con el objetivo de brindarles orientación para que puedan tener un criterio propio sobre este proyecto.El uso de territorios nicaragüenses y la vegetaciónAdemás, este 29 de septiembre un conjunto de organizaciones ambientalistas y otros organismos de la sociedad civil que conforman el Grupo Cocibolca, realizaron el “Foro Nacional Reflexiones sobre el Canal Interoceánico y su Concesión”, donde dieron a conocer las conclusiones de su “Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS)”, que indican que el canal es ambientalmente inviable. Según los análisis realizados, el canal estaría utilizando toda el agua disponible, y según sus proyecciones ocasionaría una crisis de agua en el país.Al igual que la opinión publica en Nicaragua, en Estados Unidos también se preguntan qué pretende el presidente Ortega con este proyecto y si realmente está buscando el beneficio del país y no solamente el propio. Así fue como el periodista John Lee Anderson presentó una investigación en The New Yorker en marzo de este año, dejando sobre la mesa la interrogante, pero también planteando que sin la aprobación y participación de Estados Unidos, este megaproyecto no podrá realizarse.El gobierno de Nicaragua, se ha empeñado en convencer a la población de que este megaproyecto traerá inmensos beneficios económicos para el país. La primera dama, ha dicho del canal: “Este es un proyecto estratégico que, como decía nuestro Comandante, nos permite afianzar las rutas de prosperidad y dejar atrás el calvario, el sufrimiento de la pobreza, de la miseria, de la ignorancia, y plantearnos desarrollo con Justicia Social”. Este discurso que se contradice con el proceder arbitrario del gobierno, pretende callar el pensamiento crítico de los ciudadanos tanto dentro como fuera del país, pero no lo lograrán. Los nicaragüenses hace mucho que no creemos en cuentos de hadas.

noviembre 7, 2014

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