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Ley del Agua estancada y con muchos retos

Uno de los aspectos positivos que ha tenido la creación de la Ley General de Aguas Nacionales (aprobada en septiembre de 2007) ha sido la creación del organismo conocido como Autoridad Nacional del Agua (ANA). Sin embargo, según Antonio Ruiz, Presidente de GWP-Nicaragua, “esta ley mandata a crear una serie de estructuras que no tienen ningún presupuesto, sólo funcionan para el Estado si hay algún tipo de articulación. ANA tiene un reglamento, pero funciona como entidad para brindar permisos y licitaciones. Las otras leyes que se aseguraron fueron las de incentivos por recursos hídricos, pero no funciona. Pese a que el agua es un recurso humano, se está dando en concesiones sin conocer cuáles son los potenciales y caudales”.

“Para una correcta implementación de la Ley General de Aguas Nacionales es necesario fomentar un trabajo multidisciplinario y multisectorial, para poder desarrollar algunas iniciativas orientadas a la gestión de cuencas hídricas… (también) es necesario que se retome el trabajo que hacen las estructuras locales para mejorar el tema de resiliencia comunitaria, pensado principalmente en la necesidad que tenemos de poder gestionar el tema de recursos hídricos como un mecanismo de adaptación al cambio climático.”, expresa Maura Madriz, nuestra Representante en Global Water Partnership (GWP-Nicaragua).

Según GWP, en el documento titulado “La situación de los recursos hídricos en Centroamérica (2017)”, Nicaragua cuenta con un potencial de 57.668,9 mm³ de agua al año, de los cuales el 50% es aprovechable. Sin embargo, los principales usuarios del recurso hídrico son: riego, ganadería, industrial, doméstico, comercio y demanda ecológica. En Nicaragua, la producción agrícola genera el 32% del producto nacional bruto, pero conlleva, un alto consumo de plaguicidas que escurren en el Caribe nicaragüense proveniente de las partes altas de 13 cuencas hidrográficas del país, ocasionando muchos riesgos ambientales, incluyendo la afectación de la calidad del agua.

 “La Ley General de Aguas establece la necesidad de elaborar y aprobar una ley especial de pagos por servicios ambientales. Hay algunas iniciativas exitosas en Nicaragua, principalmente ubicadas en zonas de recargas hídricas ubicadas en el norte del país que mayormente están en manos de comités de agua y saneamiento, quienes a través de la gestión financiera han logrado comprar áreas en donde se localizan recargas hídricas y estos realmente deberían ser beneficiados con un incentivo para seguir promoviendo un desarrollo integral del territorio, sin embargo hasta ahora no se ha logrado establecer un pago de este, hasta donde manejamos a nivel institucional”, explica Madriz.

“Uno de los retos en el tema de agua y saneamiento es la necesidad de más inversión para la recuperación de miniacueductos colapsados, y el buen mantenimiento de los que están operando, sobre todo considerando que ha habido un incremento en la demanda, lo que ocasiona problemas de continuidad y la aplicación de racionamientos. Además, se debe invertir en la protección de las fuentes de agua, y promover obras de saneamiento universal, también debe ser una prioridad la inversión en los sistemas de agua potable en el ámbito rural, administrados por los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS)”, se sugiere en el documento de GWP.

Las industrias extractivas no pagan por el uso del agua

“En nuestro país, las industrias extractivas en general (mineras, monocultivos, agroexportadoras, maquilas y demás) no pagan por el uso del agua, el 80% de la demanda de agua a nivel nacional está dentro de las industrias, a pesar que Nicaragua no es un país industrializado. En el caso de las empresas mineras, también tienen libre acceso con las concesiones y está mandatado en la Ley 387 (Especial de Exploración y Explotación de Minas). Existe una contradicción en la legislación nacional y esto conlleva a altos impactos ambientales.”, expresa nuestro Oficial de Industrias Extractivas, Jurguen Guevara.

marzo 21, 2018

1 comment

Considero un desacierto y algo inconcebible que las empresas que explotan los acuíferos y reservorios subterrráneos tengan “franquicia” aun cuando lay Leyes de Nicaragua y las NTON que versan sobre esta materia imponen obligaciones de pago por el uso de los recursos hídricos. Realmente estamos mal utilizando el agua que requerirán las futuras generaciones y esta actitud irresponsable de las instituciones e indiferencia de muchos, será fuertemente cuestionada y considerado un desacierto imperdonable. De continuar así, heredaremos esa deuda ecológica, legal y moral para con los hombres y mujeres del futuro.

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