Busto José Martí 5 cuadras al este. Bº Largaespada. Managua, Nicaragua
(505) 2251-0151
(505) 2251-0005

Organizaciones comparecen ante CIDH sobre construcción del canal transoceánico

Representantes de once organizaciones y movimientos sociales comparecieron ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, para denunciar múltiples violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y exponer preocupaciones relativas a la construcción del canal interoceánico.

Los peticionarias/os de la audiencia conformada por: Luis Carlos Buob (CEJIL); Azahalia Solis (Unión Ciudadana por la Democracia); Mónica López Baltodano (Fundacion Popol Na y representante del Grupo COCIBOLCA); Beckie McCray (CALPI); Mauro Ampié (Centro Nicaragüense de Derechos Humanos); Henry Ruiz (Consejo Nacional por la Defensa de Nuestras Tierras, Lago y Soberanía Nacional), expresaron:

La concesión canalera incluye más de 10 meg-proyectos sobre los cuales un solo concesionario tiene derechos exclusivos de “desarrollo” y “operación” potencialmente por más de 116 años. Esta otorga derechos irrestrictos sobre recursos naturales tales como tierra, bosques, islas, aire, agua superficial, agua subterránea, espacio marítimo, plataforma continental y, otros recursos adicionales que se pudiera considerar pertinentes en cualquier parte del país.

Este proyecto abarca una franja territorial, de 278 kilómetros de largo, a los que se suma un área de influencia directa de 10 kilómetros a cada lado del canal y las áreas adicionales requeridas por el inversionista para la construcción de un lago artificial y una represa hidroeléctrica, esto representa una construcción tres veces más grande que el canal en Panamá representando la mayor remoción de tierra y sedimentos nunca antes vista.

A continuación, desarrollaremos las preocupaciones principales de la normativa que rige la concesión del canal y las irregularidades en el proceso de aprobación de la misma. Posteriormente, nos referiremos a los graves impactos y riesgos en los derechos humanos de la población, incluidos los pueblos indígenas y afrodescendientes; y finalizaremos reportando los actos de agresión policial, intimidación militar y detención ilegal a los que diversas personas han sido sometidas por protestar contra el proyecto, expresó Luis Carlos.

Azahalia Solis explicó que el proyecto de ley del canal fue rechazado por diversos sectores sociales desde el mismo momento en que fue conocido, sin embargo se aprobó en un apresurado y anómalo proceso legislativo de apenas 8 días y una discusión de 3 horas. Según análisis realizados por especialistas, entre los elementos que conforman esta cuestionable concesión, se destaca: desinformación general, falta de análisis y discusión pública sobre el proyecto, ausencia de consulta, desconocimiento del concesionario, violación a la soberanía nacional, establecimiento de un régimen de privilegios legales para el concesionario.

La ley del canal, además, integra un Acuerdo Marco de Concesión que no fue discutido ni aprobado en el proceso legislativo y constituye el instrumento principal de la ejecución del megapoyecto, anulando todo el marco jurídico, incluida la Constitución Política, misma que fue modificada pretendiendo así subsanar violaciones normativas.

Asimismo, se han emitido diversos documentos en ingles, limitando con ello el derecho de la población a participar y acceder a la información sobre los asuntos públicos del país.

Con esta Ley, el Estado renuncia a su autoridad soberana sobre el espacio territorial, marítimo y espacial puesto que se establece expresamente la exclusión de las autoridades nacionales al declarar la inaplicabilidad de la normativa administrativa, económica, civil, penal y laboral . Es decir, se substrae a la población de la protección de sus derechos humanos ante la violación o puesta en riesgo de estos como consecuencia de la ley del canal y el acuerdo marco; como agravante las fuerzas seguridad quedan subordinadas a la protección del inversionista.

Así mismo Mónica López comentó que la Ley del canal concede privilegios excesivos para el concesionario y golpea el debilitado Estado de Derecho en Nicaragua en detrimento de los derechos e intereses de todos los nicaragüenses, por ejemplo, disponiendo arbitrariamente de propiedades nacionales, privadas y comunales.

La Corte Suprema tampoco vigiló el cumplimiento de las normas constitucionales y desestimó por medio de argumentos erróneos y de manera superficial 34 recursos por inconstitucionalidad presentados por 180 ciudadanos nicaragüenses provenientes de amplios sectores políticos, sociales y culturales del país,. Con ello, convalidó un proyecto que pone en riesgo varios derechos convencionales y constitucionales, imponiendo un acuerdo negociado secretamente con un privado.

En relación a los impactos económicos, sociales, culturales y ambientales, son múltiples y masivos los cambios que ocurrirían en la configuración de los territorios, el equilibrio ecológico, el tejido social, el patrimonio cultural, el modo de vida y la subsistencia de las personas, tanto por la abrupta ruptura de la conectividad biológica como por el desplazamiento forzoso de miles de nicaragüenses.

La ruta anunciada del canal afectará directamente 7 áreas protegidas y significaría la destrucción 193 mil hectáreas de bosques diversos, pérdida irreparable de bienes naturales que prestan incalculables servicios ecosistémicos, que garantizan la sostenibilidad hídrica del país y dan hogar a nuestra riqueza biológica.

marzo 27, 2015

Dejar Un Comentario


Ingrese aquí Captcha : *

Reload Image