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Preocupa a organismos de sociedad civil la propuesta de reforma a la Ley 337: Plan Nacional ante Desastres Naturales.

Sería lamentable y hasta un retroceso sustancial en materia de gestión de riesgo, desastres y derechos humanos de la ciudadanía nicaragüense, comentó Amado Ordóñez, Director Ejecutivo de Centro Humboldt, refiriéndose a la propuesta de anteproyecto de reforma a ley 337 (Creadora del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención a Desastres- SINAPRED), difundida recientemente por el presidente Daniel Ortega.

La propuesta gubernamental el anteproyecto establecería el replanteamiento del papel del Ejército y de la Policía Nacional como principales responsables de las acciones de rescate, salvaguarda y mitigación ante este tipo de fenómenos.

Al respecto, dijo Ordóñez que estaríamos retornando a la década de los 60 y 70, cuando existía en Nicaragua una ley que militarizaba la intervención humanitaria, y limitaba los derechos ciudadanos.

“Nos preocupa enormemente que con esta reforma en lugar de avanzar en que los factores de riesgo sean incorporados en los procesos de desarrollo y en los instrumentos de gestión pública del Estado nicaragüense tales como el presupuesto general de la República, el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH), o en la Estrategia Nacional del Ambiente y de Cambio Climático, mas bien, haya una ley exclusivamente para desastres y emergencias, que no da cabida a las acciones de prevención que al final le dan sustentabilidad a los procesos de desarrollo y mayor seguridad a la vida humana”, mencionó.

Para Ordóñez, esta propuesta no es la solución a los problemas de los desastres, además no contribuye con la transformación sustancial de los factores de riesgo. La propuesta de reforma mandata la creación del Consejo Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, incorporando a la Secretaría de Comunicación y Ciudadanía. Sin embargo, la Ley actual ya cuenta con una comisión nacional que preside el Presidente de la República y participan miembros de su gabinete además del Ejército Nacional y la Policía, por tanto, no es una novedad ni trascendental la creación del mencionado Consejo Nacional.

“No se trata que con militarizar la respuesta humanitaria, el problema de los desastres se resolverá. Esto es un problema de nación vinculado al alto grado de vulnerabilidad, para lo cual se requiere educar a la población y prepararla ante hechos inevitables, pero si esta ley se aprueba con una visión de emergencia, tal vez estaremos condenando al país a que quede atrapado de respuesta en respuesta, y no buscando cómo trascender a otros escenarios donde la prevención debe ser la preocupación principal”, explicó.

**Apelan a discusión compartida**

Ordóñez manifestó su desacuerdo ante los procedimientos utilizados por el gobierno en la presentación de este anteproyecto de ley (trámite de urgencia), y propuso la apertura de un proceso de consulta para escuchar a todos los sectores y que estos decidan conjuntamente el instrumento de ley requerido para el país, tomando en cuenta el caso como una problemática de nación, y no del Presidente y su Gabinete.

**¿Porqué la Ley 337 requiere reformas?**

La actual ley 337, permite que los organismos realicen respuesta humanitaria considerando la gestión de riesgo articulada al desarrollo, incorporando factores de riesgo en la planificación y demás procesos relacionados con la inversión y administración pública.

No obstante, desde la óptica del ambientalista de Centro Humboldt, es imposible realizar estas acciones con sólo una ley para emergencia, por lo tanto, se requieren reformas para que el país cuente con normativas e instrumentos más eficientes sobre la respuesta humanitaria, pero sobre todo de la voluntad política, presupuesto, y mayor prioridad de la temática de riesgo y desastres en las Políticas de Estado.

Desde los organismos de sociedad civil y la Mesa Nacional de Gestión de Riesgo (MNGR), se ha trabajado en una propuesta de reforma de la Ley 337, que propone la inclusión en la comisión nacional del SINAPRED a miembros de sociedad civil, como el Benemérito Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja Nicaragüense, y otros organismos y ONG’s de desarrollo que trabajan temas de gestión de riesgo para que participen en la discusión de nuevas políticas y lineamientos para la atención de los problemas de desarrollo y los desastres, y por consiguiente atender eficientemente la respuesta humanitaria.

“Desde esa perspectiva, si vemos la necesidad de ampliar la comisión y no focalizar todas las decisiones en pocas manos”, dijo Ordóñez.

Otro aspecto que señaló, fue la necesidad de otorgarle al SINAPRED mayores competencias para enfrentar oportuna y eficientemente la problemática sobre desastres, ya que en la actualidad se le asignan muchas atribuciones pero no posee poder de decisión requerido, ni los recursos necesarios para realizar intervenciones oportunas.

**Organizaciones solicitan por inclusión de las regiones autónomas**

Los organismos de sociedad civil también están planteando la coherencia de la Ley, en correspondencia con las características multiétnicas y pluriculturales de la población de las regiones autónomas, ya que de acuerdo con la ley de autonomía los gobernadores y los consejos regionales deberían participar en la definición de aquéllas políticas nacionales que afectan la Costa Caribe.

Al respecto, Ordóñez indicó que la Ley actual no reconoce las particularidades étnicas del país por cuanto el Sistema de Alerta Temprana (SAT), sólo emite boletines en español, obviando la lengua de las comunidades indígenas y afro descendientes, lo cual ocasiona ineficiencia en la situación de emergencia cuando la población no entiende apropiadamente los mensajes, por lo tanto, es ahí donde el gobierno debe asumir mayores niveles de compromiso para que los SAT funcionen de acuerdo con las características de las poblaciones y comunidades del país.

En las condiciones actuales, cualquier emergencia que pueda presentarse pueda ser atendida sin necesidad de reformar la Ley, ya que, el Presidente Daniel Ortega es a su vez, el presidente del SINAPRED y a la mismo tiempo el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, por tanto, puede poner orden si ese es el caso que está motivando a reformar la Ley, pero de todas maneras, no se justifica el trámite de urgencia para reformar esta ley que es de vital importancia para la vida de los y las nicaragüenses, finalizó Ordóñez.

septiembre 8, 2010

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